Ambas medidas tienen como objetivo frenar los rebrotes y la cadena de contagios por COVID-19 que se está dando en distintos puntos de España y salvaguardar así la salud de los vecinos dentro situación de crisis sanitaria.

La práctica de la actividad conocida popularmente como “botellón”, constituye en estos momentos una actividad que pone en riesgo real la integridad física de las personas. Ese riesgo se ve aumentado considerablemente por la concurrencia y concentración en un mismo lugar de varias personas, a lo que se suma en muchos casos la desatención en el mantenimiento de las distancias de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla. Además, dicha práctica constituye un riesgo para la salud pública general en tanto en cuanto se puede llegar a dar un rápido contagio de la enfermedad.

Los artículos 37 y 39 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana que considera como sanción leve “el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”, determinando gradualmente las cuantías de las sanciones como: muy graves con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, ha indicado que “de la disciplina y responsabilidad social depende la salud pública y general. Los pasos atrás nos llevan a una mala dirección y estoy seguro de que nadie quiere ponerse en riesgo ni poner en riesgo a los demás.”